Bogotá, 17 de mayo de 2019. El jueves 16 de mayo de 2019, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, en atención a la demanda de constitucionalidad interpuesta por el ex contralor Edgardo Maya. Este artículo establece, entre otras cosas, que, si un contrato derivado de un proyecto de asociación público-privada -APP- se termina anticipadamente por la declaración de nulidad, se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista.
El Alto Tribunal declaró la exequibilidad condicionada de dicho artículo en el sentido que, si el contratista actuó de mala fe y además la nulidad se origina por actos de corrupción, este no recibirá el reconocimiento económico actualizado. Colombia Compra Eficiente (CCE), en concordancia con los pronunciamientos de la Corte considera un respaldo a la buena actuación en la contratación estatal, blindando solo a los inversionistas y a terceros que hayan actuado de buena fe.
A su vez, CCE destaca la posición establecida por el Alto Tribunal donde se afirma que el Estado no deberá asumir las multas provenientes de los contratos de crédito o financieros que se causen como consecuencia de la terminación anticipada de los contratos de asociación púbico - privada por hechos de corrupción.
CCE celebra el fallo de la Corte Constitucional, ya que se convierte en un precedente importante para el Sistema de Compra Pública, y que como lo indica el Alto Tribunal, los hechos de corrupción no pueden generar ninguna clase de derecho. Para CCE, esta jurisprudencia fortalece objetivos de Gobierno Nacional en el marco de la alianza contra la corrupción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Jose O’Meara, director general de CCE, afirmó que “una articulación entre los esfuerzos de CCE y las Altas Cortes en el país permite fortalecer la lucha en contra de la corrupción y aunar esfuerzos hacia objetivos en común: la transparencia en la contratación”
