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El 26, 27 y 28 de octubre tuvo lugar la XIV Jornadas de Contratación Estatal 2016 y el III Congreso Colombiano de Contratación Pública, en Cartagena.
Este Congreso organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, al cual han invitado por tercera vez consecutiva a Colombia Compra Eficiente es un espacio en el cual académicos, magistrados del Consejo de Estado, proveedores y compradores públicos comparten impresiones, observaciones, comentarios y críticas a la normativa, las iniciativas y en general sobre el comportamiento del Sistema de Compra Pública.
En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de presentar el Proyecto de Reforma a la Normativa del Sistema de Compra Pública. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Felipe de Vivero y María Margarita Zuleta. La metodología utilizada fue entregar el proyecto de ley y los expositores respondieron a los comentarios, preguntas y sugerencias a cada uno de los artículos.
El segundo y el tercer día luego de una presentación sumaria del proyecto, comentaron distintos aspectos del mismo los magistrados del Consejo de Estado Carlos Zambrano Barrera, Jaime Orlando Santofimio y Marta Nubia Velásquez; los consultores y académicos Jose Luis Benavides, Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacio, Ruth Stella Correa, Martin Bermúdez, Julio Villarreal, Gonzalo Suárez y Santiago Pérez. También hubo ponencias sobre aspectos diferentes como la de Jorge Enrique Ibañez sobre el contrato de concesión de infraestructura, la de Pablo Felipe Robledo sobre la cartelización en la contratación estatal y la de Fernando Rojas sobre el desarrollo de la infraestructura educativa.
En Colombia, como en otros países que han superado negociaciones para alcanzar la paz, como Sur África, Sierra Leona y Guatemala, los acuerdos suscritos implican una revisión del Sistema de Compra Pública como parte de una estrategia para racionalizar el gasto público, recuperar de manera fácil y visible la institucionalidad en las zonas más afectadas por el conflicto, lograr la inversión efectiva de los recursos públicos en los bienes y servicios requeridos para el post-conflicto y para generar mayor confianza en los donantes de recursos garantizando la ejecución trasparente y eficiente de los recursos entregados para el post-conflicto.
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